El alto índice delictivo del país ha traído como consecuencia que para su seguridad, los ciudadanos tengan que allegarse desde cámaras de video vigilancia, cerraduras reforzadas, protectores de puertas, ventanas; posesión de armas de fuego en el domicilio, o contratar personal de vigilancia privada y una serie de medidas que salen a relucir ante la sensación generalizada de inseguridad, indicó José Alfredo Gómez Reyes docente de la Universidad de Quintana Roo, al analizar con perspectiva de Derechos Humanos la llamada legítima defensa.

En un trabajo publicado en 2021 en la revista “Enfoques jurídicos” editada por la Universidad Veracruzana, denominado “Los DDHH en la legitima defensa y el uso proporcional de la fuerza”, el investigador José Alfredo Gómez Reyes destacó que, la llamada legítima defensa, se ha convertido en “violencia auténtica, justa, legítima, en contraposición a la violencia inauténtica, injusta, ilegítima; ello desde el punto de vista pragmático que he tenido a lo largo del ejercicio profesional y la experiencia que ello conlleva”.

En una primera parte del documento, el investigador del área jurídica de la UQRoo destacó que los Derechos Humanos representan en la sociedad la columna vertebral de un Estado de derecho, tales aspiraciones simbolizan una serie de acciones gubernamentales materializadas en políticas públicas, que devuelven al Estado sus funciones originales de garantía, regulación y promoción de las libertades.

Por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del delito de parte del Estado, es que el ciudadano tiene que hacer valer su derecho de defenderse a sí mismo, su familia y sus bienes, generando como consecuencia extrema las autodefensas, los linchamientos, “es decir una sensación dentro de la población de conseguir una supuesta venganza privada”.

El profesor-investigador de UQRoo consideró que la legítima defensa, ha sido considerada doctrinariamente como “causa de exclusión de responsabilidad y/o justificación del delito, protegiendo a las personas de aquellas situaciones cuando se encuentren en una condición de peligro inminente, que requiere repeler la misma, de forma proporcional y estrictamente necesaria”.

Esto muchas veces no ocurre, pues se incurre en el exceso en la legítima defensa, o que no corresponde a las hipótesis de que el agredido provocó la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella; que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. La tercera suposición es que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa, y por último que el daño que iba a causar al agresor era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó.

En una segunda parte del artículo sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en el marco de los Derechos Humanos, enfocó una gran parte a los derechos de las mujeres, que son los más violentados en el país, destacando que el uso de la fuerza, su proporcionalidad, legalidad, idoneidad y como último recurso, puede presentarse en diversos contextos que violentan los Derechos Humanos de las damas, por lo que señaló que urgen políticas públicas serias, contundentes, integrales que protejan a la fémina y que la violencia contra ellas se erradique o de lo contrario no se puede hablar de un Estado de derecho, y menos de una sociedad democrática.

En sus conclusiones, el Dr. José Alfredo Gómez señaló que la prevención del delito, como política pública, debe implicar un compromiso y acciones encaminadas a que no se cometa, “entendemos la lógica de la persecución y la reinserción del delincuente, pero estamos convencidos que éstas dos disminuirían si aumentamos los esfuerzos, en todo sentido, en prevenir que suceda”.

“La legítima defensa es la muestra más clara que está fallando el sistema de seguridad pública: robos a plena luz del día (transeúnte y casa habitación, que decir de los comercios) secuestros, extorsiones, homicidios, delitos con medios violentos que representan la ineficacia del Estado en ese rubro, vivimos hoy día en un país que no garantiza el bienestar, menos la paz social”, puntualizó.