Las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General de Educación Superior enfatizan la obligación de las Instituciones de Educación Superior y Universidades a abrir sus puertas sin cortapisas a personas con discapacidad quienes cumplan con los requisitos académicos, lo que significa un reto.

La Dra. Ana María Elisa Díaz de la Garza, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) dejó en claro que la inclusión ya no es opcional, es por ley que se deben de recibir a personas con diferentes tipos de discapacidades en las aulas universitarias, “es una obligación dar las mismas oportunidades a todos”.

La Dra. Ana María Elisa Díaz de la Garza, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) explicó que desde 2019, en el segundo párrafo del Artículo 46 de la Ley Federal de Educación y en la Ley General de Educación Superior en su Artículo 48, se señala que: “Para tal efecto, las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas, tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad”.

De esta forma, destacó, por ley debemos de tener en las universidades no sólo políticas de inclusión sino políticas de equidad, de justicia social, dando las mismas oportunidades a todos.

La investigadora de la UNACH comentó que en este sentido no hay “recetas fáciles ni varitas mágicas”, ya que dependerá siempre del contexto y de nuestra comunidad universitaria, personal docente, alumnado, quienes tienen que modificar sus actitudes, creencias e historias personales, que bien pueden ser ya sea una barrera o un puente hacia la inclusión.

Señalo que hay una gran diversidad de formas y situaciones de aprendizaje y participación donde los docentes o los trabajadores universitarios tienen un papel como agentes de cambio; ya sea para desarrollar estrategias que disminuyan la discriminación y favorezcan el aprendizaje y, por qué no, la participación social del estudiantado.

Referente a las barreras para el aprendizaje y participación social, a las que identifica como BAP, mencionó Díaz de la Garza que son aquellas que dificultan o impiden, en condiciones de igualdad de oportunidades, el acceso de las personas a algunos de los ámbitos de la vida social, como lo es la escuela, como serían las actitudinales, de aceptación o de rechazo para las discapacidades; las barreras metodológicas o de las propias instituciones; las barreras organizativas, y las barreras sociales.

Invitó a las comunidades universitarias a conocer más de las formas de trabajar, de crear estrategias que disminuyan la discriminación de las personas con discapacidad, que favorezcan el aprendizaje, a tener una formación especializada para cumplir con la diversidad de necesidades del alumnado, razón de ser de las IES.