Este encuentro que concluyó el 22 de agosto fue promovido por la Red Jurídica de Universidades Públicas de la cual forma parte la UQRoo, fue inaugurado por el rector de la UNAM, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas quien sostuvo que la máxima casa de estudios tiene la convicción de que la educación superior pública y la autónoma necesitan una arquitectura jurídica sólida ética y adaptativa que no tema al cambio, y tampoco renuncie a sus fundamentos.

Explicó que lejos de ser un apéndice del derecho administrativo, el entramado jurídico en las instituciones de educación superior debe articular disposiciones federales, estatales e internas, reflejando la pluralidad y vitalidad del sistema de educación superior pública.

“Actualmente atravesamos una etapa de cambios y reformas impostergables en torno a la ciencia, la educación, la equidad de género, la digitalización, el medio ambiente y la cultura. Este escenario demanda vigilancia activa, una capacidad analítica constante, una firme disposición al trabajo conjunto”, expresó.

Destacó, es menester reconocer que la labor de todas y todos los abogados y juristas es indispensable al traducir el lenguaje del derecho a la operación cotidiana de las instituciones de educación superior, acompañar los procesos de transformación, la prevención de conflictos, construir confianza y salvaguardar los principios ante las transformaciones sociales y apertura a la innovación.

En este encuentro, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia, estimó que en este momento la humanidad enfrenta un cambio civilizatorio que está afectando a las universidades, lo que se refleja en los entornos jurídicos en una fuerte presión que ejercen ideologías extremas que cuestionan el avance que con grandes esfuerzos hemos y han logrado las distintas expresiones de la diversidad en contra de los derechos humanos.

En un contexto, el ejercicio del derecho en las instituciones universitarias se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de nuestras comunidades y exige una mentalidad abierta del jurista a la transformación social y al cambio jurídico.

Al Seminario acudieron representantes de las universidades autónomas de Querétaro, Campeche, Baja California, Yucatán, Chihuahua, del Estado de Morelos, del Estado de Quintana Roo, Nuevo León y San Luis Potosí; así como las de Guanajuato, Ciudad Juárez y del Estado de Hidalgo; el Instituto Politécnico Nacional, y de diversas entidades de la UNAM.