Este es un trabajo de investigación desarrollado de manera conjunta por la Dra. Rosa Isela Fernández Xicoténcatl, por parte de la UQRoo y la Dra. Christine McCoy Cador, por la Universidad del Caribe, como resultado de un esfuerzo interinstitucional orientado a la generación de conocimiento aplicado.

Al evento de presentación asistió la rectora de la UQRoo, Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo; el coordinador Académico de la Zona Norte de la UQRoo, Dr. Víctor Andrés Gaber Bustillos y la rectora de la Universidad del Caribe, Lic. Xóchitl Carmona Bareño.

Durante la presentación se expusieron resultados que permiten identificar patrones territoriales de riesgo en el municipio de Benito Juárez, incorporando índices de riesgo social, situacional, socioemocional e institucional, así como factores asociados al entorno familiar y digital, lo que brinda una visión integral de las condiciones que influyen en la generación de violencia.

La investigación advierte que la inseguridad no responde a una sola causa: se configura por la combinación de factores sociales, situacionales y psicosociales que afectan de manera diferenciada a infancias, juventudes y familias.

El deterioro del desarrollo urbano, la debilidad de redes de apoyo, la desconfianza institucional y afectaciones socioemocionales se concentran en microentornos específicos de las regiones 251, 259, 249, 260 y 235, como detonantes de la violencia y la delincuencia,

El estudio se desarrolló con un enfoque mixto y participativo que integró encuestas, entrevistas, talleres, pruebas proyectivas con infancias, mapeo participativo y un foro temático, con el fin de comprender no solo los hechos de inseguridad, sino también los contextos cotidianos que los posibilitan o agravan.

Entre los hallazgos más relevantes, el documento señala que la inseguridad no se distribuye de forma homogénea en el territorio, sino que tiende a concentrarse en corredores, trayectos y nodos urbanos donde coinciden baja vigilancia informal, iluminación deficiente, paraderos inseguros, cruces peligrosos, lotes baldíos y limitada capacidad de respuesta institucional.

En particular, las regiones vinculadas al estudio —especialmente 251, 249, 259 y 260— aparecen de manera reiterada como concentradores de delitos de alto impacto, lo que refuerza la necesidad de focalizar intervenciones en espacios concretos y no solo a escala general del municipio.

El análisis también muestra que el problema rebasa la dimensión estrictamente delictiva.

De acuerdo con la investigación, los factores de riesgo se expresan en tres planos interrelacionados: el social, asociado con desatención institucional, fragilidad de redes de apoyo y exclusión; el situacional, vinculado con condiciones físicas del entorno como alumbrado deficiente, cruces peligrosos, tiraderos clandestinos y paraderos improvisados; y el psicosocial, relacionado con miedo, percepción de inseguridad, debilitamiento del sentido de pertenencia y normalización de la violencia.

Esta lectura integral permite entender por qué la prevención no puede limitarse únicamente al control policial.

Uno de los resultados más sensibles del estudio corresponde a las infancias. En el análisis de dibujos proyectivos aplicados a niñas y niños de 5 a 6 años, la región 235 presentó un nivel crítico extremo, con 100% de dibujos que mostraron indicadores asociados a tensión emocional, miedo, amenaza o vulnerabilidad percibida.

Las regiones 249 y 251 también registraron niveles críticos, mientras que el entorno social mostró una carga simbólica de riesgo mayor que la propia dimensión familiar. Este hallazgo confirma que la experiencia de inseguridad está afectando a la niñez desde edades tempranas y exige fortalecer la contención socioemocional y los canales de acompañamiento entre escuela, familia y comunidad.

En el caso de las juventudes de 18 a 25 años, el diagnóstico reporta un patrón de riesgo elevado y bastante homogéneo entre regiones, con valores globales que oscilan entre 50.7 y 59.7 puntos. La región 251 aparece como el foco más crítico para este grupo poblacional, seguida de 235 y 249. El documento advierte que esta exposición se relaciona con contextos cotidianos donde la inseguridad, el desorden urbano y la desconfianza institucional forman parte de la experiencia diaria.

La investigación identifica además prioridades claras para la acción pública. El ejercicio de sensibilidad de la matriz de priorización mostró que “estrés/miedo infantil y tensiones familiares” se mantuvo como la problemática número uno en todos los escenarios evaluados, mientras que “alumbrado público insuficiente en calles, parques y paraderos” se ubicó como prioridad número dos, también con estabilidad total.

Estos resultados sugieren que la prevención debe combinar acciones de contención psicosocial con intervenciones urbanas concretas sobre iluminación, movilidad cotidiana, espacio público y mantenimiento del entorno.

Asimismo, el foro temático incorporado al estudio permitió validar hallazgos y fortalecer la articulación entre evidencia comunitaria, institucional y académica.

El documento subraya que esta evidencia deliberativa es clave para construir respuestas más accionables, con mayor legitimidad social y mejor coordinación entre actores públicos, comunitarios y educativos.

En conjunto, el estudio plantea la necesidad de intervenir de forma simultánea en el entorno físico, el tejido social y los mecanismos de cuidado cotidiano.

Para finalizar, se destacaron las acciones derivadas de este diagnóstico, entre ellas la implementación de estrategias de prevención con enfoque participativo e interinstitucional.

Destaca el trabajo impulsado a través del Comité de Cultura de Paz, orientado a fortalecer la corresponsabilidad comunitaria mediante la participación de las y los habitantes de las zonas prioritarias, así como el trabajo en colaboración con atención ciudadana a través de su chatbot, que permitirá una vinculación más directa y oportuna con la ciudadanía.