La jornada reunió a especialistas en derechos humanos, perspectiva de género, legislación universitaria y representación sindical: Dra. Elvia González del Pliego Dorantes, Dr. Renán Ermilo Solís Sánchez, Mtra. María Hadad Castillo, Mtra. Rosario Lima Pita y, Mtra. Aurora Carolina Castellanos Balderas, asesora legal de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato; quienes compartieron experiencias y reflexiones orientadas a identificar fortalezas y áreas de oportunidad del protocolo vigente.

Durante la inauguración se destacó que los protocolos constituyen herramientas fundamentales para prevenir las violencias, proteger derechos y establecer rutas claras de actuación.

Asimismo, se señaló que su eficacia depende de la capacidad de incorporar aprendizajes derivados de su aplicación, por lo que su revisión representa una oportunidad para fortalecer los procedimientos institucionales y brindar mayor certeza a la comunidad universitaria.

Se enfatizó que este ejercicio de análisis se desarrolla desde una perspectiva técnica, plural y constructiva, con el objetivo de garantizar dos principios esenciales: la protección efectiva de las víctimas y el debido proceso. Lejos de ser conceptos opuestos, ambos forman parte de una misma responsabilidad institucional orientada a la protección de los derechos humanos y al fortalecimiento de la confianza en los mecanismos de atención.

El programa inició con el mensaje de bienvenida de la Rectora, Natalia Fiorentini Cañedo, seguido de las intervenciones de las y los especialistas y de un espacio de diálogo abierto con las personas asistentes. La diversidad de perspectivas, que incluyó experiencias en atención a víctimas, gobernanza universitaria, vida sindical y construcción de políticas públicas, enriqueció la discusión y la formulación de propuestas de mejora.

El evento estuvo dirigido a integrantes del Comité del Protocolo, personal de la Unidad de Igualdad e Inclusión, representación sindical, coordinaciones de unidad y autoridades universitarias.

Como resultado, se reafirmó que este instrumento pertenece a toda la comunidad universitaria y que su fortalecimiento contribuye a la construcción de una Universidad más segura, justa, respetuosa y comprometida con la protección de la dignidad y los derechos de las personas.